Que existen grandes diferencias entre los programas de gobierno de José Antonio Kast y de Gabriel Boric no es un misterio, sobre todo en el enfoque que se quiere dar a sus posibles administraciones.
Por eso es importante saber, en distintos aspectos cotidianos, cómo nos afectaría el llevar adelante las propuestas de sus respectivos programas en distintas áreas que probablemente sean menos discutidas, pero no por eso determinantes en la forma que enfrentaremos el futuro.
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“Apostar por las personas, sus competencias y conciencia en ciberseguridad es parte de la ecuación, más que solo más fierros y bytes”
Como abogado, experto en regulación de nuevas tecnologías y en calidad de investigador del Centro de Investigación en Ciberseguridad de la Universidad Mayor, fui entrevistado para la Revista Gerencia para dar mi opinión y reflexión respecto a estado de la ciberseguridad en nuestro país y especialmente en sector bancario y financiero.
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Hace un año atrás, el gobierno español formó un grupo de 17 expertos para que le asesoren en la elaboración de una Carta de Derechos Digitales, con el fin de desarrollar «la protección de los derechos de los ciudadanos en entornos digitales, teniendo en cuanta el impacto de nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial, entre otros aspectos».
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Un interesante artículo publicado en el medio Bloomberg, desnuda una realidad que cada vez más presente, no tan sólo en empresas privadas, sino que también ocurre en mundo público y es la incorporación de algoritmos y de Inteligencia Artificial para automatizar procesos y definir indicadores o puntuaciones (scores), para la toma de decisiones.
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Un interesante fallo dictado por la Corte Suprema se generó este 10 de mayo de 2021, cuando la Sala Constitucional de la Corte Suprema en forma unánime resolvió que el sólo uso de imágenes generales de una propiedad, que permiten apreciar la infraestructura y los espacios que la componen, no afecta la intimidad de sus ocupantes, aun cuando la grabación se haya realizado mediante drones en espacios de dominio privado, poniendo de relieve la alta trascendencia que reviste para el Estado democrático de Derecho el garantizar eficazmente la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio.
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