Crisis institucional y errática definición de políticas públicas en telecomunicaciones en Chile

Para nadie es un misterio que la industria de telecomunicaciones móviles pasa por una etapa de conflicto con la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) de Chile.

Apenas unos meses de asumido el gobierno de Sebastián Piñera y con la designación de la Ingeniera Comercial Pamela Gidi, dos hechos marcaron un antes y un después en cuanto a la estabilidad regulatoria del mercado de las telecomunicaciones.

Todo comenzó con una decisión administrativa de congelamiento de espectro de la banda de 3,500 MHz, inédita y absolutamente cuestionable sobre su fundamento, sin justificación real más que con una lógica de “estudio” de espectro para un futuro 5G, por un supuesto uso ineficiente de espectro, que generó inmediata reacción de la industria, con interposición de recursos de protección en contra de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, con denuncia de “lobby feroz” por parte de la autoridad, lo que llevó finalmente a una vuelta en “u” al revertirse la decisión, manteniendo espectro en operadores, generado las críticas de sectores que apoyaron inicialmente a la autoridad, perdiendo con ello credibilidad en las decisiones, toda vez que no se hizo cargo de su denuncia de uso ineficiente de espectro, ni menos se avanzó en “estudios” prometidos.

Por otro lado, una sentencia de la Corte Suprema respecto al concurso de la banda de 700 MHz, iniciado en el primer gobierno de Piñera, que ordenó finalmente a empresas a devolver parte del espectro en exceso de 60 MHz conforme a un criterio fijado en 2009.

Sin embargo, la Corte le dio opción a la Subtel para que realizara una consulta ante el Tribunal de la Libre Competencia para determinar si era necesario la existencia de un límite de espectro por empresa de telecomunicaciones.

Lo relevante de esta consulta no sólo se basa en un tema de libre competencia, sino también en la forma de gestionar el espectro radioeléctrico, que es un bien nacional de uso público, es decir, de todos los chilenos.

Así, es la Subtel la que debería liderar este proceso para poder definir, por ejemplo, la forma como llegarán tecnologías como 5G, que prometen mejor velocidad de acceso, mayor cantidad de dispositivos móviles y OITs conectados, menor tasa de latencia y nuevas oportunidades de implementar tecnología en áreas productivas como minería, agricultura, educación, salud, entre otras.

Como antecedente, y para cumplir con esta tarea, previamente la autoridad regulatoria había ya solicitado la renuncia del Jefe de la División de Política Regulatoria y Estudios, Gonzalo Doña (quien llegó con el actual gobierno) “por un tema de desempeño”, y había contratado a fines de agosto a Geraldine González, quien ya se había desempeñado como jefa de la misma división en el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera, específicamente entre los años 2011 y 2014. Al mismo tiempo, había contratado a dos especialistas externos para colaborar en estudios y planificación de uso de espectro.

Sin embargo, a tan sólo días de presentar por parte del gobierno el Plan Nacional de Espectro ante el Tribunal de la Libre Competencia, se generó una verdadera crisis institucional, puesto que la Jefa de Política Regulatoria, a meses de asumir, renunció y fue desvinculado el Jefe de Fiscalización de la Subsecretaría. Ambas jefaturas son fundamentales para la presentación, defensa ante el TDLC y ejecución del plan de espectro, como también en la definición de políticas públicas en telecomunicaciones. Al mismo tiempo se supo de la no continuación en apoyo de Subtel de uno de los especialistas externos previamente contratados.

Todos estos episodios demuestran la importancia de designación de autoridades competentes para una estabilidad en área tan sensible en la economía y calidad de vida de los chilenos. La ausencia de jefaturas técnicas y prevalencia de una autoridad política que carece de visión de mediano a largo plazo, hipoteca el desarrollo tecnológico del país.

Así, ante una industria expectante ante resoluciones finales, con inversiones congeladas, con una consulta ante el Tribunal de Libre Competencia débil, sin una posición firme por parte del gobierno sobre todo respecto a uso de espectro para tecnologías como 5G y con decisiones contradictorias, hacen ver a Chile como un país riesgoso en inversiones por falta de claridad en políticas de mediano a largo plazo. Se concreta, de esta forma, un mal pronóstico que habíamos visualizado tras la decisión de congelar el espectro y que habíamos escrito con anterioridad.

La solución pasa por claridad en toma de decisiones, cambios en la dirección de la subsecretaría con personal idóneo, un debate amplio respecto al futuro tecnológico del país, con mirada transversal y no sólo economista, una adecuación del uso de espectro que combine mayor competencia y despliegue de redes para todos los habitantes, no importando el lugar geográfico en que se encuentre pero, sobre todo, volver a tener confianza en la institución regulatoria.

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