Hace un año atrás, el gobierno español formó un grupo de 17 expertos para que le asesoren en la elaboración de una Carta de Derechos Digitales, con el fin de desarrollar «la protección de los derechos de los ciudadanos en entornos digitales, teniendo en cuanta el impacto de nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial, entre otros aspectos».
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Cuando en mayo de 2017 Chile ratificó el Convenio sobre ciberdelincuencia, también conocido como el Convenio de Budapest, y se creó la Política Nacional de Ciberseguridad, se generaron distintos compromisos, siendo el principal, adecuar este convenio a la legislación chilena.
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Los ministerios de Economía, Fomento y Turismo y de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, junto a la Universidad Adolfo Ibáñez y a la empresa Amazon, había decidido formar y constituir en su representación una fundación privada sin fines de lucro denominada “Fundación Data Observatory”.
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Cada cierto tiempo, el desarrollo de las tecnologías y su aplicación práctica genera una natural atracción y un uso intensivo de las mismas. Si a esto le sumamos la facilidad de uso, masificación de redes sociales y uso de aplicaciones, genera tendencias o modas en uso, pero sin que exista una reflexión sobre los efectos de la misma.
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Uno de los efectos de la pandemia mundial, son medidas tan estrictas como mantener distancia social, cuarentenas obligatorias y limitación de reunión tanto en actos públicos como privados.
Se suma a esto la suspensión de clases para estudiantes y la implementación del teletrabajo para aquellas labores que son posibles de realizar con medios tecnológicos.