El sábado 16 de diciembre recién pasado una nueva tragedia enluta a Chile. A eso de las 09:30 hrs la localidad de Villa Santa Lucía, comuna de Chaitén, en región de Los Lagos, fue afectada por una «ola de barro» que sepultó parte de la Villa por un desprendimiento de una parte del glaciar Yelch, lo que ha generado pérdidas humanas y una docena de personas aún desaparecidas.
Geográficamente Villa Santa Lucía se encuentra a 75 kilómetros al sur de Chaitén, por la Carretera Austral, desde donde nace el desvío hacia la Ruta CH-235 a los poblados de Puerto Ramírez, Futaleufú y Palena.
Uno de los efectos directos de este aluvión fue la afectación de la conectividad física de la carretera, ruta que se encuentra cortada, pero también se ha visto afectada la conectividad digital (telefonía, internet y servicios de telecomunicaciones), no tan sólo de la localidad, sino que producto de corte de fibra óptica, hubo interrupción de servicios que hasta el día de hoy, ya pasadas más de 96 horas del evento, que aún no se reestablecen en su totalidad, tanto en Villa Santa Lucía como en otras localidad como Palena y Futaleifú, lo que demuestra la vulnerabilidad de comunicaciones en la zona.
Es importante mencionar que desde Puerto Montt al sur de nuestro país, y sobre todo en zonas rurales, existe el mismo diagnóstico: ausencia de redundancia de redes de alta capacidad (generalmente un único proveedor), instalación de infraestructura sin considerar alerta de geografía con posibles eventos que podría afectar el servicio, inversiones de empresas de telecomunicaciones en forma invidivual y sin sentido colaborativo, micro-cortes de servicio recurrentes, baja calidad de servicios. Justamente esta situación genera un alerta mayor considerando lo crítico que significa la mantención de las telecomunicaciones, especialmente en caso de emergencia que genera efectos tan directo en personas, autoridades y sistemas de emergencia.
La duda que naturalmente es saber ¿qué hace la autoridad al respecto?
En este momento sólo vemos a una autoridad regulatoria (Subtel) con un rol informativo y coordinador absolutamente limitado y sujeto a la voluntad de los operadores de telecomunicaciones, con soluciones de parche y sin mirada de mediado a largo plazo, lo que a todas luces NO puede continuar.
Durante el tiempo que estuve a cargo de la subsecretaría de telecomunicaciones hicimos el diagnóstico y avanzamos en soluciones concretas que lamentablemente no han sido continuadas con la importancia técnica y política requerida.
¿Cuáles deberían ser las posibles soluciones?
Por un lado, hicimos elaboramos el Plan Nacional de Infraestructura de Telecomunicaciones justamente para identificar exactamente cual es la infraestructura base de alta velocidad (fibra óptica) que recorre el país. Incluso la Universidad de Chile encuentra desarrollando un estudio de esta infraestructura con recursos de Corfo para determinar las falencias de instalación, identificar sectores críticos de conectividad digital, recomendaciones para que exista redundancia de redes y fomento de infraestructura para la existencia de robustez de servicios y que en caso de emergencia pueda existir continuidad o reestablecerse el servicio rápidamente, cosa que no ha ocurrido para habitantes de Villa Santa Lucía, Palena y Futaleifú.
Justamente considerando esto, elaboramos el proyecto de fibra óptica austral que unirá desde Puerto Montt a Puerto Williams con fibra óptica la que se proyecta con troncales marítimos y terrestres. Inicialmente se hizo un llamado a licitación que fue declarado desierto en primera oportunidad y en una segunda logró que existiera postulantes para troncal submarino y troncal terrestre en magallanes, pero se declaró DESIERTO en troncal aysén (Cohyaique a Caleta Tortel) y además el troncal terrestre Puerto Montt a Palena. Es decir, justamente la zona que se vio afectada con corte de la única fibra existente.
Llama poderosamente la atención que actualmente la subsecretaría no ha dicho nada sobre este trazado, que tiene financiamiento público incorporado, pero que no logró generar los atractivos necesarios para que empresas postularas. Tampoco a mencionado si volverá a hacer un llamado a licitación, considerando que es deber del Estado dar la seguridad de que las comunicaciones sean de calidad y estables para todos, pero especialmente a esta zona extrema del país.
Por otro lado, promovimos con parlamentarios, la presentación de un proyecto de ley en noviembre de 2015 denominado «Modifica el artículo 39 A de la Ley General de Telecomunicaciones para garantizar las comunicaciones en situaciones de emergencia» (Boletín 10402-15) y que busca justamente establecer ciertas obligaciones a empresas de telecomunicaciones en casos de emergencia, siendo una de ellas el deber de compartir la infraestructura y servicios en caso de que se vean afectados los servicios de una o más compañía, siendo la hipótesis del «roaming nacional» lo más representativo.
En términos simples, el «roaming nacional» posibilita que existiendo, por ejemplo, una antena de una compañía que es usaba por clientes de esa empresa, posibilite que sea usado por cualquier usuarios de cualquier otra compañía.
Esta idea de compartición de servicios de telecolunicaciones obligatoria es novedosa en la legislación chilena, pero es factible. De hecho actualmente en forma voluntaria empresas están aplicando esta forma para reestablecer los servicios en habitantes de Palena y Futaleifú, por lo que nuestra visión de solución en caso de emergencia fue la correcta.
Sin embargo, a mi salida de la subtel a fines de 2017 habíamos logrado que se votara en sala en primer trámite constitucional y se viera en comisión del senado, pero no hubo ningún esfuerzo posterior en impulsar el proyecto y sólo hace menos de un mes se logró aprobar en particular en senado, pasando a la cámara de diputados para continuar con la iniciativa.
Situaciones de emergencia como la ocurrida, justifica aún más la preocupación de las autoridades y empresas de telecomunicaciones de buscar fórmulas de continuidad de servicios y pronta puesta en marcha si ocurren eventos como el ocurrido. Lograr conseguir que se concrete proyectos de infraestructura de telecomunicaciones de alta capacidad redundantes y obligaciones de operadores de servicios de telecomunicaciones en emergencia son avances que debe realizarse. Espero que las nuevas autoridades que comenzarán en marzo de próximo año le den el impulso y aplicación para no volver a repetir que ante eventos de emergencia, las comunicaciones muestren su fragilidad y dependencia de voluntades privadas.
Las empresas de Telco deben dejar de creer que gobiernan los marcos regulatorios de las telecomunicaciones en Chile.
Es hora de crear un Ministerio que de mas poder y mas ente regulador a todas las compañias y de esta forma, mejorar las areas que realmente nos importan como usuario.
Tener 5G no vale nada, si durante una catastrofe esta red y cualquier otra se cae.